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El Tribunal Constitucional reconoce la competencia exclusiva de la Generalitat en la regulación del comercio en venta ambulante

publica Fundació Barcelona Comerç  ·  1, agosto 2012  ·  0 comentarios
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El Tribunal Constitucional, en sentencia de 2 de julio de 2012, ha fallado a favor de la Generalitat el recurso interpuesto por el Gobierno catalán en el 2010, contra el Real Decreto 199/2010, del 26 de febrero, por el cual el Gobierno del Estado regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.

Según el Alto Tribunal, la nombrada norma estatal vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de comercio interior, concretamente, las competencias referentes a la regulación administrativa de todas las modalidades de venta. El gobierno de la Generalitat planteó en el 2010 delante del Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias cuando consideró que el citado decreto regulaba de forma detallada y exhaustiva esta modalidad de venta, invadiendo las competencias recogidas en el artículo 12.1.b, primer inciso, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, como ya había apreciado el Consejo de Garantías Estatutarias en su dictamen 10/2010.

En una sentencia anterior, de 2003, el tribunal Constitucional ya había anulado preceptos de la ley estatal 7/1996, del 15 de Enero, de ordenación del comercio minorista, cuando consideró que la competencia estatal para regular contratos entre las partes en las diferentes modalidades de venta, no incluía la regulación administrativa de estas diferentes modalidades de venta, que se tienen que regir por la legislación catalana.
Ahora, enlazando con su propia jurisprudencia anterior, y coincidiendo con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el Tribunal Constitucional ha reiterado esta distinción competencial y reconoce la competencia de la Generalitat para establecer esta regulación de las autorizaciones administrativas de venta ambulante, el régimen de inspección y sanción en esta materia asó como las otras condiciones para el ejercicio de esta actividad.

Además el TC establece que, por su misma naturaleza, esta modalidad de venta tiene una incidencia preferentemente local y, por tanto, la regulación detallada que hizo el Real Decreto tampoco puede encontrar cobertura en la competencia que el artículo 149.1.13 de la Constitución reserva al Estado en ,atería de planificación general de la actividad económica, tal como argumentaba la Abogacía del Estado.

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